Hace algunos días la Corte Constitucional emitió un fallo paradigmático frente a la protección de la información de los colombianos. El alto tribunal estableció que Google tendrá que someterse a la ley colombiana cuando la información accesible a través de este buscador pueda violar derechos fundamentales, como el derecho al buen nombre. La decisión de la Corte pone en entre dicho la territorialidad de algunas normas y la posibilidad de juzgar a algunas empresas que, como Google, han señalado no estar cobijadas por la ley colombiana.
A pesar de lo novedoso que parece el tema, este ya ha sido debatido en los últimos años en relación con el internet y las empresas que a través de estos medios promocionan productos a consumidores colombianos o recolectan su información. Uno de los casos más sonados al respecto ha sido el de Facebook. En dicho caso, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió un concepto señalando que a Facebook no le aplicaba la ley colombiana por no estar localizado en el país.
Poco tiempo después, la autoridad modificó su postura señalando que a Facebook sí le era aplicable la ley colombiana, con una justificación completamente opuesta a la expresada en un primer momento. Esto llevó a que una de las primeras propuestas de modificación a ley 1581 de 2012 haya girado en torno a la reforma sobre el ámbito territorial de la norma, con el fin de incluir a las empresas que a pesar de estar localizadas fuera del país recolecten información.
Todo lo anterior, supone que el ámbito de territorialidad de las normas que regulen el internet tendrá un profundo impacto en la economía digital. Las próximas normas y propuestas de reforma de la ley 1581 deberán tener en cuenta este como uno de sus puntos principales. Así mismo, es necesaria la definición de una política clara frente a la regulación del internet y los derechos digitales fundamentales de los colombianos.
Definir una postura clara es fundamental ahora, ya que las autoridades y el gobierno colombiano no pueden estar dando bandazos en estos temas. Empresas como Google merecen y deben tener reglas claras que les permita entender como debe ser el tratamiento de la información de los colombianos y adecuar sus productos a estas medidas.
La afectación que esta falta de claridad puede traer al mercado digital colombiano es algo que bien vale la pena evitar y la decisión de la Corte Constitucional es una prueba de que no hay una coordinación en este sentido.